LOS PAPELES DE JULIO MARTEL: NORMAS QUE DAN RISA

Por: Adalberto Agudelo Duque

El decreto 0520 de 2016 en los artículos 11-12 prohíbe el uso de parlantes y amplificadores en zonas de uso público. Igualmente el de aquellos que instalados en áreas privadas generen ruido que puedan afectar el medio ambiente. Tampoco permite el uso de esos aparatos para promocionar o vender productos y servicios en espacios públicos y a ninguna hora. Pero ni la alcaldía, ni la policía hacen cumplir estas normas. Bastaría un paseo por el Parque de la mujer, la carrera 23, la Avenida Santander, los alrededores mismos de la gobernación o del palacio municipal para constatar el ruido, el escándalo, la incomodidad que causan en los vecindarios y los transeúntes. También las iglesias, los pilates, los gimnasios hacen oídos sordos a la disposición: ¿Para qué los gritos, los micrófonos, los altoparlantes?

No es la única norma que se pasan por la faja. La ley prohíbe, taxativamente, el escándalo generado por los automotores conducidos por personas que se pavonean con un aire de satisfacción y soberbia anunciando preguntas y gritos como ¿usted no sabe quién soy yo?, ¡mírenme que aquí voy yo!, ¡abran paso que aquí voy yo!. Se trata, en este caso, de una infracción de tránsito castigada con comparendos de casi un millón de pesos. Pero no hay policía para tanta incivilidad. ¿Cuántos agentes debería tener la secretaría del ramo y cuántos tiene en realidad? ¿Cuántos en cada turno? ¿Saben la norma? ¿Pueden sancionar a los conductores de EMAS que transitan anunciando la recolección de chatarras reciclables? ¿Puede la alcaldía infringir sus propias normas cuando arma fiestas y conmemoraciones con poderosos equipos de sonido que sobrepasan los límites tolerables establecidos en la ley? Es sabido que los eventos se entregan a contratistas dueños de los amplificadores, parlantes y carpas. ¿Hacen monitoreo? ¿Los controlan?

Son muchos los ejemplos. Un alcalde, cuya cultura musical no pasó de te “corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar” y llamado por alguna razón el zar de los licores, el zar de las tabernas, el zar de los moteles, dio seis meses de plazo, supuestamente a los otros propietarios, para acondicionar los negocios con sistemas aislantes del ruido. Nunca cumplió su propia norma ni, por supuesto, los demás. Otra disposición para reír. Como esa de de las chimeneas ambulantes: seis meses para cambiar motores o tubos de exosto o combustible o chatarrizar que generan contaminación. Todo sigue igual: volquetas, camiones, buses y vanes circulan por calles y avenidas con sus chimeneas humeantes. Incluso algunos recolectores de EMAS se pavonean con sus columnas de humo por los barrios, qué raro, marginales, populares. Que no los vean en el centro, en las barriadas high life, en las avenidas de acceso a la ciudad. ¿Y qué pasa con los silenciadores de motos y automóviles? Nada. No hay control. Y no se sabe si es por falta de vigilantes o por falta de voluntad política. Y no se diga de los piques en la Avenida Santander. De día y de noche. Ni de los esqueiters en la zona del Cable donde exponen la integridad física de ancianos, niños, mujeres en embarazo y mascotas las mañanas de domingo. Y el CAI está ahí.

Pero qué se va a hacer. El “Manual de convivencia ciudadana” o Código de Policía es letra muerta. El 80% de llamadas al 112 es por escándalo y la respuesta usual es que ya va la patrulla. Que nunca llega. O solo llega si el escándalo propicia una riña de consecuencias dramáticas. Y las ciclovías. Los “inmigrantes” que se tomaron el Parque de los fundadores y la pequeña glorieta de Chipre, al lado del CAI, saben que no hay control para equipos, voces, gritos con micrófono incorporado, que se escuchan en tres cuadras a la redonda. Y las mascotas “andan como Pedro por su casa” sin correa, sin bozal. Pasan al lado de uniformados tímidos, que no se atreven a llamar la atención de nadie porque saben que no tienen autoridad, no tienen placa, son estudiantes que “pagan” el servicio social para graduarse de bachilleres. Igual con las heces. La norma indica que los propietarios deben recogerlas pero, ni tontos que fueran, las embolsan y las arrojan al lado o las cuelgan de los árboles. ¿Y la orina no huele, no contamina?

En una sociedad incívica, troglodita, cavernaria como la nuestra, bastaría una campaña educativa desde las emisoras, los púlpitos, las escuelas y colegios, los templos de garaje y los otros, para lograr un cambio en el comportamiento de la ciudadanía. Giordano Bruno sentenció en 1584 que la religión era necesaria al estado porque es la única manera de educar a la gente. Pero nadie desea cambiar: ni los políticos ni los ciudadanos. Ni los pastores ni los feligreses.

COLOFÓN. “Simón Bolívar, la más grande mentira de la historia” explica este comportamiento. La ley no la cumplen los de arriba, los gobernantes, los pastores de las iglesias. La ley es para los de ruana.

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